La COVID-19 ha puesto patas arriba todo nuestro estilo de vida, desde las compras que realizamos hasta nuestra vida social, pasando por nuestro trabajo y las relaciones legales. Referente a esto último, se han modificado los plazos y características de los procedimientos judiciales por tramitación preferente tras el Estado de Alarma.
A juzgar por los datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre los concursos de acreedores que se han producido el tercer trimestre de 2019 en España, parece ser que muchas personas físicas y autónomos aún no saben que existe una ley de segunda oportunidad que les permite cancelar definitivamente sus deudas o ignoran que esta ley puede ayudarles a salvar su negocio.
